Una novedad lamentable
Por Jorge Rivas *
El Código Penal que nos proponemos reformar fue sancionado hace casi un siglo, en 1921, y ya fue sometido a más de 900 modificaciones parciales, por medio de leyes especiales. Pero en las últimas décadas resultó brutalmente adulterado, como consecuencia de que un criterio visceral y reaccionario se instaló en el sentido común de buena parte de nuestro pueblo y de la mayoría de los legisladores: se supuso erróneamente que aumentando la escala de penas de los delitos de manera absolutamente arbitraria se iba a mitigar la creciente inseguridad. El resultado está a la vista. Se destrozó el Código Penal, y por supuesto no se consiguió por ese medio nada parecido a la disminución del delito. Hoy por hoy, sus disposiciones se han vuelto tan contradictorias que su razonable aplicación descansa únicamente sobre la prudencia y la buena fe de los jueces.
Así que cuando la Presidenta, en la Asamblea Legislativa, anunció que durante este año iba a enviar al Congreso el proyecto de reforma integral del Código, a muchos legisladores nos entusiasmó la idea. Es la oportunidad, no sólo de reparar tanto desatino legislativo, sino también de sancionar un Código Penal moderno. Eramos conscientes de que la iniciativa iba a generar controversias, pero también suponíamos que ya nadie iba a volver a confundir con políticas de seguridad la decisión de darle coherencia al Código.
Habría sido una ingenuidad, por otra parte, creer que la sociedad se iba a mostrar indiferente ante una reforma que no sólo atañe a los juristas, sino a todos. Precisamente por eso es el Congreso de la Nación el que debe sancionarla. En cualquier sociedad democrática del mundo se habría producido un debate amplio. Hubo aquí, no obstante, al darse a conocer el Anteproyecto, un comportamiento novedoso. Lo constituyó la reacción de los dirigentes del novel Frente Renovador, y el lamentable contagio que produjo en algunos exponentes del resto de las fuerzas opositoras.
Y lo novedoso no radica en la crítica al texto en sí, ni a quienes integraron la comisión redactora, ni en el lugar reaccionario en el que los impugnadores han elegido pararse, ni en su miserable actitud de utilizar una cuestión de Estado para hacer política berreta. Tampoco resulta original que ellos mientan con descaro, ni que se recuesten sobre un equivocado sentir popular para ganar posiciones con el apoyo de las grandes empresas de medios y de algunos comunicadores estrellas. De hecho, estas cosas forman parte de nuestro paisaje político cotidiano.
La lamentable novedad se encuentra en el hecho de que los diputados del Frente Renovador, adictos al demagógico desborde punitivo, y deseosos por lo tanto de cerrar el paso a una reforma que "defiende a los delincuentes", aspiran a juntar firmas con el objeto de "evitar que la iniciativa se trate en el Congreso". Es decir que por primera vez en más de treinta años de democracia plena, los legisladores de una fuerza política les piden a sus votantes que los releven de su obligación de debatir en el Congreso, función para la que fueron electos. Esas minorías que se llenan la boca defendiendo las instituciones y luego desconocen sin pudor las más elementales reglas de la vida democrática ofrecen un espectáculo por lo menos desolador. Nada que pueda ser resuelto mediante las normas penales.
* Diputado socialista del bloque del FpV.
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