“La atención de pacientes extranjeros representa apenas el 0,36% del total del Hospital. No existe ningún argumento económico que justifique esta medida, que constituye un nuevo avance hacia la privatización de la salud pública”
Profesionales, técnicos y trabajadores del Hospital Garrahan expresaron su rechazo a las nuevas disposiciones que establecen aranceles para la atención sanitaria de pacientes extranjeros sin residencia permanente. Advirtieron que la medida, que contempla cobros cercanos a los 500 mil pesos, vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, contradice los principios de protección integral de las infancias y abre un peligroso precedente para avanzar en nuevas restricciones al acceso a la salud pública.
Desde la APYT señalaron: “Estamos frente a una medida profundamente xenófoba que no responde a ninguna necesidad económica real. La atención de pacientes extranjeros representa apenas el 0,36% del total de quienes se atienden en el Garrahan. Es decir, su incidencia sobre las finanzas del Hospital es prácticamente insignificante. Pretender justificar el cobro de casi 500 mil pesos con argumentos presupuestarios es absolutamente insostenible”.
"El derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionado por la situación migratoria de sus padres o responsables legales. La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina, establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la atención sanitaria sin discriminación por origen nacional, condición económica o cualquier otra circunstancia personal o familiar. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece expresamente la obligación de garantizar el acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones, mientras que la Ley 26.529 de Derechos del Paciente reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria sin distinciones discriminatorias. Los chicos y chicas son sujetos de derecho, independientemente de dónde hayan nacido o de cuál sea la situación administrativa de sus familias. Su atención médica no puede quedar supeditada a una condición migratoria, económica, social, religiosa o de cualquier otra naturaleza. Estamos hablando de un principio elemental de protección de las infancias que el Estado tiene la obligación de garantizar”, explicaron.
Los trabajadores también advirtieron que las modificaciones introducidas a la Ley de Migraciones en 2025 no pueden interpretarse de manera aislada ni por encima de las obligaciones específicas de protección de la niñez. En particular, señalaron que la normativa vigente debe aplicarse respetando el interés superior del niño, el principio de no discriminación y el derecho a la atención integral de su salud. Finalmente, alertaron sobre las consecuencias que podría tener esta decisión para el conjunto del sistema sanitario: “Hoy pretenden condicionar la atención de pacientes extranjeros. Mañana pueden avanzar sobre quienes no tengan residencia en la Ciudad de Buenos Aires, sobre quienes no cuenten con obra social o sobre cualquier otro sector de la población. Es un paso más hacia la privatización de la salud pública, porque empieza a instalar la idea de que la atención sanitaria es un servicio que debe pagarse y no un derecho que debe garantizarse. Defender al Garrahan también significa defender su carácter público, gratuito, universal y accesible para todas las infancias. No podemos permitir que una barrera económica o administrativa determine qué niño puede recibir atención médica y cuál no. La salud de nuestros chicos y chicas no puede convertirse en un privilegio”. concluyeron.
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