Buenos Aires, jueves 5 de noviembre de 2026
LA DEFENSA DE CRISTINA KIRCHNER REDOBLA EL RECLAMO POR SU LIBERTAD TRAS EL REVÉS ELECTORAL DE TRUMP Y LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA PRUEBA QUE CUESTIONA UNO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDENA EN VIALIDAD: LAS EMPRESAS DEL GRUPO AUSTRAL RECIBIERON APENAS EL 0,85% DE LOS FONDOS ANALIZADOS
"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"
La auditoría presentada por la defensa determinó que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron US$18,66 millones sobre un total de más de US$2.200 millones correspondientes a obras financiadas por la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre 2009 y 2015. En términos sencillos, por cada US$100 desembolsados en las obras analizadas, apenas 85 centavos fueron destinados a esas empresas. El informe se suma a la estrategia judicial nacional e internacional para lograr la libertad de la expresidenta y recuperar sus derechos políticos.
Desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su equipo jurídico intensificaron en estos días la ofensiva para lograr su libertad, la revisión de la condena y la restitución de sus derechos políticos. La estrategia se desarrolla en un contexto marcado por el revés electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos y por la presentación de una auditoría técnica que, según la defensa, cuestiona uno de los fundamentos centrales de la condena en la causa Vialidad.
En una entrevista con The Washington Post, Kirchner había anticipado que "el hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país". El resultado se confirmó: los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. La expresidenta celebró el desenlace con un breve mensaje en inglés en X: "Beautiful morning!!!". En su entorno interpretan el resultado como un revés para el respaldo internacional a los gobiernos de derecha de la región, incluido el de Javier Milei, y como un escenario político más favorable para visibilizar el reclamo contra su proscripción.
La nueva prueba económica
La defensa, integrada por Carlos Beraldi, el abogado brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe técnico que analiza los desembolsos de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre 2009 y 2015. El equipo jurídico también busca incorporar este relevamiento a la estrategia de revisión judicial de la condena ante la Justicia argentina.
El resultado central del estudio es que, de más de US$2.200 millones desembolsados en 367 obras, las empresas vinculadas al Grupo Austral de Lázaro Báez recibieron aproximadamente US$18,66 millones: apenas el 0,85% del total analizado.
¿Qué significa ese porcentaje? Que por cada 100 dólares destinados al conjunto de las obras estudiadas, las empresas del Grupo Austral recibieron apenas 85 centavos. Es decir, menos de un dólar de cada 100.
La defensa considera que este dato cuestiona la hipótesis de un direccionamiento sistemático de fondos públicos hacia las empresas de Báez, uno de los ejes centrales de la condena. Carlos Beraldi destacó la importancia del relevamiento y sostuvo que sus resultados ponen en discusión las conclusiones sobre la supuesta maniobra de administración fraudulenta. Rafael Valim, por su parte, calificó de ínfima la participación de esas empresas en el universo de fondos examinado.
El informe no comprende la totalidad de la obra pública ni todos los fondos investigados en la causa Vialidad, sino un universo específico de desembolsos presupuestarios. La defensa sostiene, sin embargo, que sus resultados aportan un elemento cuantitativo relevante para revisar la hipótesis sobre la concentración de recursos en favor del Grupo Austral.
El reclamo ante la ONU
En paralelo, la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicita la revisión internacional del caso por presuntas vulneraciones del debido proceso y de derechos fundamentales. La defensa reclama tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria y un planteo referido a la integración de la Corte Suprema.
La suspensión de la inhabilitación permitiría que Cristina Kirchner recupere sus derechos políticos mientras se tramita el reclamo internacional y, eventualmente, pueda volver a presentarse a elecciones, incluida una posible candidatura en 2027.
Aunque una resolución definitiva del Comité podría demorar años, la defensa sostiene que las medidas cautelares pueden ser consideradas con anterioridad. Valim ha defendido la obligación del Estado argentino de atender las decisiones y recomendaciones del organismo internacional, en virtud de los compromisos asumidos al adherir a los tratados de derechos humanos.
La defensa también invoca los mecanismos previstos en la legislación procesal argentina para que los pronunciamientos internacionales puedan servir de fundamento a una eventual revisión de una sentencia firme.
"Si lo hubiera robado, no estaría en prisión"
En la entrevista con The Washington Post, Kirchner volvió a defender su inocencia con una frase que sintetiza su planteo político y judicial: "Díganme dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en prisión. Estaría libre, ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto".
También afirmó: "Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos".
La estrategia combina tres dimensiones: la vía judicial argentina, con el intento de incorporar nuevos elementos para revisar la condena; la internacional, mediante la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU; y la política, en un escenario regional e internacional que la defensa considera más favorable tras el revés electoral de Trump.
La expresidenta no descarta volver a competir electoralmente cuando recupere sus derechos políticos. Mientras tanto, continúa cumpliendo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Recientemente, la Justicia también le autorizó el uso de la terraza del edificio, equiparada a un patio.
www.HacemosPrensa.com · Facebook · Instagram · X · TikTok · YouTube
* Info para medios de uso libre y gratuito.
