LA APDH LE PIDIÓ AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES QUE INTERVENGA EN LA GRAVE SITUACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL QUE VIVEN ALUMNOS DE LA COSTA ATLÁNTICA QUE DESDE LA VUELTA DE LAS CLASES PRESENCIALES NO PUEDEN IR AL COLEGIO POR UN CONFLICTO DE TRANSPORTE
En una nota dirigida a los flamantes funcionarios Leonardo Nardini y Martín Insaurralde, ministro de Infraestructura y jefe de Gabinete de Ministros, las presidentas y el presidente de la APDH nacional, María Elena Naddeo, Soledad Astudillo y Guillermo Torremare, explicaron que "la cancelación del servicio de transporte que unía las localidades de San Clemente del Tuyú y de General Lavalle por parte de la prestataria genera la imposibilidad de ejercer el derecho a la educación por parte de un grupo de estudiantes y de sus docentes", y en el mismo sentido, detallaron que "la Cooperativa de obras y servicios públicos de San Clemente del Tuyú prestaba un servicio de transporte público que se venía desarrollando con normalidad aproximadamente desde 2004, pero a partir del decreto presidencial que ordenaba el ASPO, el servicio se vio interrumpido y no se ha restituido", situación que "imposibilita a 50 alumnos/as el acceso a la educación secundaria".
"Vemos con preocupación, a su vez, que no se haya dispuesto ningún tipo de solución alternativa temporaria para garantizar el transporte hacia la escuela hasta tanto se resuelva el conflicto entre las partes", entendiendo que "es deber del Estado para con los niños, asegurar con absoluta prioridad la realización de sus derechos sin discriminación alguna, según establece el artículo 6 de la Ley provincial 13298", argumentaron.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) remitirá copia de estos actuados al Gobernador Kiciloff y al Ministerio de Escuelas de la Provincia de Buenos aires solicitando urgente intervención frente a la regresividad que se generó en el acceso a la educación a partir de la suspensión del servicio transporte público entre el Partido de la Costa y el Municipio de General Lavalle".
La APDh considera que la suspensión del transporte – decisión del área de gobierno correspondiente - es causal de la imposibilidad en el ejercicio del derecho a la educación de numerosos adolescentes secundarios, violentando no solamente la Ley Nacional de Educación sino la Convención d ellos derechos del niño, la Ley nacional 26061 y todas las concordantes provinciales, dado el carácter obligatorio del ciclo secundario de la enseñanza. Por ello reclamamos urgente intervención.
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