jueves, 29 de febrero de 2024

Novedad para medios 》Hugo Amor, médico ex presidente del gremio CICOP y presidente de UP bonaerense: "Ante el atropello de Milei, respaldamos al gobernador Kicillof y a las y los bonaerenses". UP es presidido a nivel nacional por Claudio Lozano. 》

HUGO AMOR, MÉDICO EX PRESIDENTE DEL GREMIO CICOP Y PRESIDENTE DE UP BONAERENSE: "ANTE EL ATROPELLO DE MILEI, RESPALDAMOS AL GOBERNADOR KICILLOF Y A LAS Y LOS BONAERENSES". UP ES PRESIDIDO A NIVEL NACIONAL POR CLAUDIO LOZANO.

El presidente del Unidad Popular (UP) de la provincia de Buenos Aires y médico ex presidente del gremio de profesionales de la salud pública bonaerense CICOP, Hugo Amor, manifestó hoy el apoyo al Gobernador Axel Kicillof ante los ataques del presidente Javier Milei, de parte del partido político presidido a nivel nacional por el economista y ex director del Banco Nación Claudio Lozano.

"Unidad Popular de la provincia de Buenos Aires respaldará las medidas que el gobernador Kicillof tome para responder a la brutal agresión del binomio Milei/Caputto. En el caso de nuestra provincia, el ataque tiene como fin impedir que prospere un modelo productivo alternativo al que hoy nos quiere imponer el gobierno nacional, que pone en peligro la existencia de la nación y agrede la vida cotidiana de la ciudadanía con un aumento inédito de los índices de pobreza e indigencia", expresó el dirigente sindical mediante un comunicado.

En el mismo sentido, Hugo Amor señaló que "Milei sigue avanzando en su intención de desmembrar a la nación avasallando las autonomías provinciales" y que "así lo demuestra con las cancelaciones tanto del fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, el fondo nacional de incentivo docente, la retención de fondos coparticipables pertenecientes a la provincia de Chubut, el plan Potenciar Trabajo y los subsidios al transporte y tarifas de servicios públicos".

Por último, el presidente de UP bonaerense valoró "el repudio y las respuestas de los gobernadores Axel Kicillof, Ignacio Torres, los gremios docentes y de numerosas organizaciones populares", porque "inmediatamente implementaron acciones políticas, jurídicas y administrativas con el objetivo de revertir las medidas que pretenden descargar el ajuste sobre las provincias y sus habitantes con un recorte brutal de las políticas sociales". Y concluyó: "¡El pueblo unido jamás será vencido!".

📲Entrevistas: Hugo Amor 📲 +54 9 11 4528-7044 ▪︎ +54 9 11 6502-5591.

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jueves, 22 de febrero de 2024

Novedad para medios 》"Enfático rechazo" al cierre del INADI desde la APDH: Lo considera imprescindible "para garantizar derechos humanos, lo que es una obligación del Estado", y para combatir "los discursos de odio, reiteradamente expresados por el oficialismo gobernante".》

"ENFÁTICO RECHAZO" AL CIERRE DEL INADI DESDE LA APDH: LO CONSIDERA IMPRESCINDIBLE PARA "GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS, LO QUE ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO", Y PARA COMBATIR "LOS DISCURSOS DE ODIO, REITERADAMENTE EXPRESADOS POR EL OFICIALISMO GOBERNANTE".

El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, expresó hoy su "enfático rechazo a la decisión gubernamental de cerrar definitivamente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)".

"Desde la APDH afirmamos que es absolutamente falso que el INADI 'no sirva absolutamente para nada' como señaló el vocero presidencial Manuel Adorni. El INADI tiene por objeto 'elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin' de modo que el mismo es totalmente necesario en nuestro país, donde los tres flagelos enunciados son una dolorosa realidad, hoy apuntalados por los discursos de odio reiteradamente expresados por el oficialismo gobernante".
 
En el mismo sentido, Torremare enfatizó que "la decisión de cierre del INADI es tributaria de la discriminación que informa a la mayoría de las políticas públicas desarrolladas por el gobierno nacional".

"El INADI brinda un servicio de acompañamiento y asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo, y planifica políticas públicas para prevenir estas situaciones. Acciones de ese tipo sirven para garantizar derechos humanos, lo que es una obligación del Estado", prosiguió el presidente de la APDH.

Y finalizó al asegurar qur "siendo que el nivel de democracia sustancial de un Estado puede medirse por el grado concreto de respeto y disfrute sin discriminación de los derechos humanos dentro de su territorio, instituciones como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo resultan imprescindibles".

▪︎ Entrevistas: Guillermo Torremare +54 9 11 4193-2684. Prensa: +54 9 11 5340-0973.

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viernes, 16 de febrero de 2024

Novedad para medios 》Para la APDH, Petovello y Javier Milei están "sentenciando a la muerte a niños y niñas" con cáncer y otras patologías, a mayores de edad, y a gente que no accede a alimentos, por el cese de funciones de la DADSE. 》

PARA LA APDH, PETOVELLO Y JAVIER MILEI ESTÁN "SENTENCIANDO A LA MUERTE A NIÑOS Y NIÑAS" CON CÁNCER Y OTRAS PATOLOGÍAS, A MAYORES DE EDAD, Y A GENTE QUE NO ACCEDE A ALIMENTOS, POR EL CESE DE FUNCIONES DE LA DADSE

▪︎Además de menores de edad, afecta a todo tipo de personas sin prepaga ni obra social que "padecen de cáncer u otras enfermedades graves y urgentes" y que sufren desde el 10 de diciembre pasado que el Estado esté "frenando la administración de los medicamentos". También denuncian el corte en asistencia alimentaria desde que asumió Milei. Todo por el cese de las funciones del DADSE, que recibe 100 pedidos nuevos de asistencia por día.▪︎

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó hoy su "más enérgico repudio" a las políticas públicas de "la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del presidente de la Nación, Javier Milei", porque desde que asumieron el pasado 10 de diciembre dejaron de asistir a pacientes con cáncer y otras patologías graves, incluidos niños y niñas, y a personas sin acceso a alimentos, todos pertenecientes a los sectores más vulnerables del país, sin obra social ni prepaga, que además de ser hoy millones en esa condición y más de tres millones más de pobres debido a las medidas económicas de Milei, son 100 por día los nuevos expedientes que se tramitan en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que hoy no está dando respuestas porque nadie firmó ni una sola asistencia ni anterior a 2024 ni actual.

"En los últimos días" el gobierno de Javier Milei "ha suspendido el envío de alimentos a los comedores comunitarios y las acciones de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Cabe destacar que la DADSE es una entidad -del área de Salud del Gobierno Nacional- que se ocupa a otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos por razones de salud a personas, con cobertura pública de salud únicamente, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria. Tramita diariamente más de 100 expedientes nuevos destinados a cubrir medicamentos de pacientes oncológicos, con enfermedades crónicas y patologías agudas. Sin embargo, desde el 10 de diciembre no hay funcionario jerárquico que habilite el funcionamiento del organismo". 

Por ello, la APDH condena a Milei y Pettovello "por vulnerar severamente el derecho a la alimentación y el derecho a un tratamiento de salud oportuno para las poblaciones más afectadas". 

"Se confirma que la DADSE estuvo cerrada los días lunes 5 y martes 6 de febrero, por medio de una resolución firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, que indicaba 'suspéndase la Disposición de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales hasta tanto se revisen los circuitos administrativos…' De esta manera, las personas se encontraron esos días con las puertas cerradas, sin previo aviso además de tener que asumir el agotamiento consecuencia de estar expuestos al circuito administrativo que imponen y con el agravante que provoca la quita de subsidios en situaciones tan extremas", informó la APDH mediante un comunicado.

En el mismo, agrgaron desde el organismo de Derechos Humanos que "actualmente, y luego de haberse puesto el tema en la agenda mediática y legislativa, así como por medio de las asambleas realizadas por trabajadores y sindicatos, el 7 de febrero pasado se retomó el funcionamiento. Sin embargo, se ha podido relevar que luego de haber realizado todo el recorrido que implica acceder a este 'subsidio', las personas no encuentran los medicamentos en las farmacias indicadas. Por lo que, aún iniciado el expediente en la DADSE, el resultado es infructuoso para las personas con problemas de salud en situación de vulnerabilidad social. Esto sucede desde hace dos meses, lo que demuestra la desidia de un Gobierno como el actual y el desinterés por garantizar el derecho a la salud para la población más vulnerabilizada". 

"Por otro lado -prosiguió el comunicado- la situación de las y los trabajadores de la DADSE es muy preocupante, dado que las acciones del Gobierno profundizan la incertidumbre por la continuidad del área, y por ende, de sus fuentes laborales. La falta de humanidad y el uso cruel del poder de la funcionaria Pettovello y del presidente Milei se demuestra claramente al frenar dos funciones vitales del área nacional de Salud, condenando al hambre a miles de ciudadanos y ciudadanas que dependen para su subsistencia de los comedores comunitarios, y sentenciando a la muerte a personas (incluidos niños y niñas) que padecen de cáncer u otras enfermedades graves y urgentes, frenando la administración de los medicamentos".

"Desde la APDH, como organismo de DDHH, exigimos a la ministra Sandra Pettovello y al presidente Javier Milei que se restablezca el funcionamiento inmediato y efectivo de la DADSE, como así también la asistencia alimentaria en los comedores populares. Entendiendo a la salud como un derecho colectivo, público y social de raigambre constitucional que debe ser garantizado por el Estado Nacional en tanto autoridad rectora de las políticas de salud, exhortamos a la continuidad de una política pública que asegure la alimentación adecuada y el acceso a los tratamientos de salud requeridos para todes les habitantes de nuestro país", finalizaron.

Comunicado en la web oficial APDH:

Entrevistas APDH:
- Presidente Guillermo Torremare +54 9 11 4193-2684.
- Presidente Eduardo Tavani: +54 9 11 6131-1454.
- Presidenta Soledad Astudillo: +54 9 11 6276-2217

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viernes, 9 de febrero de 2024

Novedad para medios》¿Transcendió hoy que Milei y Jorge Macri desfinancian al Garrahan? La palabra de los profesionales y técnicos del gremio APyT, en estado de alerta.

EL GARRAHAN EN ESTADO DE ALERTA ANTE LA POLÍTICA DE DESFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LA CIUDAD Y ANTE UNA NUEVA VERSIÓN DIFUNDIDA HOY

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) manifestó hoy que "enciende sus alertas frente a la información sobre un supuesto desfinanciamiento del Hospital Garrahan (dada por el sitio OCIPEX). Nos encontramos en medio de una fuerte lucha sindical en el rechazo a la Ley Ómnibus, donde además fuimos reprimidos, y en la pelea contra el DNU y el decreto contra la protesta social del Gobierno".

"Hay una disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) que se publicó el lunes pasado en el Boletín Oficial que  sujeta las paritarias del Estado a los presupuestos. En 2023 el presupuesto del Hospital Garrahan informado fue de  66.000 millones de pesos, y al igual que el resto de presupuestos de los organismos del Estado, se encuentra congelado. Esta disposición amenaza con licuar los salarios de las y los trabajadores del Equipo de Salud. ¡Reclamamos ajuste del salario según la inflación!", enfatizó al respecto la secretaria general del gremio APyT, la licenciada Norma Lezana. 

"Ante esta nueva información dada hoy (https://ocipex.com/articulos/dime-a-quien-ajustas-y-te-dire-que-q) estamos chequeándola mientras exigimos al Gobierno Nacional y de la *Ciudad que garantice el funcionamiento de nuestro Hospital y de todos los centros de salud y del sistema público de salud", agregó Lezana. (*el Garrahan es financiado 80% por el Gobierno Nacional y 20% por el de CABA)

"La APyT, como parte de  la Multisectorial Independiente, acordó una serie de acciones para la próxima semanay el 15 de febrero, en una  reunión ampliada de nuestra entidad, decidiremos los pasos a seguir en pos de la defensa del Hospital Garrahan y de nuestras condiciones de trabajo, en un contexto muy adverso para las y los trabajadores y para la población más vulnerable, los niños, niñas y adolescentes que atendemos en nuestro hospital.

☆Entrevistas: Norma Lezana secr. gral. APyT +54 9 11 3856-0617. Prensa APyT +54 9 11 5340-0973 y +54 9 11 6640-9631 o haga clic aquí para enviar un mensaje por WhatsApp https://wa.me/message/GXYAV2AIA3ECB1 o aquí https://wa.me/message/MAAEKJLB6BK5E1. ☆


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Novedad para medios 》Dura condena de la APDH a Patricia Bullrich en su restablecimiento de las reglamentaciones sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. 》

DURA CONDENA DE LA APDH A PATRICIA BULLRICH EN SU RESTABLECIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES SOBRE EL USO DE ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, se pronunció enfáticamente contra del restablecimiento por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación de las reglamentaciones sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, anunciado por la ministra Patricia Bullrich.

El titular de la organización de derechos humanos señaló que "las normas que hoy vuelven a tener vigencia, creadas por Bullrich en su gestión durante la presidencia de Mauricio Macri y derogadas los últimos días de 2019 por la ministra Sabina Frederic, habilitan a las fuerzas de seguridad a utilizar armas de fuego durante las movilizaciones populares y a disparar sin dar previamente la voz de alto". 

"También buscan encuadrar como "legítima defensa", sustrayéndose de la responsabilidad penal, al accionar de los policías que disparen sus armas letales contra cualquier persona de la cual sospechen que pueda generar un peligro, ocasionar algún daño o intenten darse a la fuga".

En el mismo sentido, Torremare aseguró que "las normas revividas por Bullrich dejan de lado la necesaria prudencia que debe primar en la actuación policial y abren la puerta a la generación de excesos y abusos, algunos de los cuales se manifiestan en la utilización del denominado "gatillo fácil", provocador habitual de lesiones graves y muertes".
 
"El personal policial debe obrar de modo de reducir al mínimo los daños y anteponer la preservación de la vida humana en todo momento", expresó el titular de APDH, quien recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enseñado que "todo uso de la fuerza por agentes estatales debe obedecer a los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad."

Entrevistas: +54 9 11 4193-2684 / +54 9 11 5340-0973.

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viernes, 2 de febrero de 2024

Novedad para medios 》 Claudio Lozano calificó a la media sanción en general de la llamada Ley Ómnibus como un acto “absolutamente bochornoso e irregular” y “la evidencia manifiesta del nivel de degradación institucional” 》

CLAUDIO LOZANO CALIFICÓ A LA MEDIA SANCIÓN EN GENERAL DE LA LLAMADA LEY ÓMNIBUS COMO UN ACTO "ABSOLUTAMENTE BOCHORNOSO E IRREGULAR" Y "LA EVIDENCIA MANIFIESTA DEL NIVEL DE DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL" 

El ex diputado nacional y presidente a nivel nacional del partido político Unidad Popular (UP), Claudio Lozano, expresó hace instantes, al finalizar la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, que "el trámite parlamentario, cuyo resultado es la media sanción favorable para la Ley de Bases pedida por el Gobierno de Javier Milei, ha sido absolutamente bochornoso e irregular y es la evidencia manifiesta del nivel de degradación institucional, así como también de las consecuencias sociales que ese proceso va generando y generará en la Argentina que tenemos.

Mediante un comunicado, agregó que "el presidente Javier Milei ha dado muestras sobradas, desde su asunción, de pretender lograr la suma del poder público para impulsar una verdadera reforma constitucional que reconfigure el orden político, económico y social de la Argentina".

En el mismo sentido, se refirió a la "reforma que impulsa eludiendo todos los pasos institucionales que se requerirían para semejante objetivo. Reforma que además supone una absoluta regresión en materia de derechos respecto al orden constitucional vigente desde 1994 y que pasa por encima de todos los pactos internacionales suscriptos por la Argentina y que se incorporaron en el texto constitucional". 

"Estamos en presencia, por lo tanto, de un presidente que con el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus camina abiertamente por la senda de la inconstitucionalidad cometiendo, además, el delito de traición a la Patria. A la vez, el proceso parlamentario de la Ley Ómnibus es poco menos que bochornoso. Ni los propios legisladores tienen a disposición el texto definitivo".

Ante ese panorama que describió Lozano, puntualizó que "las preguntas que caben entonces son ¿cómo puede ser que en este marco se siga discutiendo la posibilidad de delegarle facultades a un Poder Ejecutivo que funciona de este modo? ¿cómo puede ser que se siga debatiendo una ley inconstitucional que además tuvo un trámite absolutamente irregular? ¿cómo puede haber diputados que se presten a esto? ¿cómo puede ser que aún las Cámaras no hayan rechazado el DNU? ¿cómo puede ser que se insista en validar una ley sin que quede claro que el DNU ya no corre más? ¿cómo puede ser que el Poder Judicial y la Corte Suprema no hayan intervenido respecto a la inconstitucionalidad flagrante del DNU más allá de alguna definición de carácter sectorial?".

"La explicación es una sola: la vigencia de una matriz conservadora y reaccionaria que domina el conjunto del sistema institucional. El carácter genuflexo y de clara subordinación a los poderes fácticos de parte sustantiva de la dirigencia política".

En esa línea, el presidente de UP continuó al señalar que "la eliminación del capítulo fiscal con la consiguiente eliminación de impuestos y retenciones que gravaban la renta exportadora no hace más que profundizar los rasgos de absoluta injusticia de la estrategia económica en curso. Gobernadores y fuerzas políticas pusieron el grito en el cielo para defender la renta exportadora que alimenta a las oligarquías provinciales y a los capitales más concentrados, sin importar que el costo recaiga sobre la mayor parte de la población. El mantenimiento del objetivo del déficit cero frente a la poda de recursos que se realizó profundizará el recorte del gasto público sobre funciones esenciales del Estado Nacional y profundizará los recortes de subsidios y la reducción de las transferencias a las provincias, sobre todo en aquellas que no se allanaron a los objetivos bestiales de la gestión libertaria". 

"A la vez - continuó Lozano- la poda de recursos fiscales agrava las inconsistencias del programa Mileista. Es sabido que es imposible alcanzar el déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica. La menor actividad reduce la recaudación y obliga, una y otra vez, a seguir reduciendo el gasto". 

Y finalizó al analizar que "la matriz conservadora y reaccionaria del conjunto del sistema institucional ha construido un lamentable escenario de degradación social e institucional a partir del comportamiento Legislativo y Judicial y de la reacción de parte importante de los gobernadores frente al DNU, la ley Ómnibus y el Caputazo. Escenario que explica también las razones de la existencia de un Gobierno de Milei. Son las limitaciones del sistema político y el debilitamiento institucional lo que explica que un fanático con ideas precámbricas pueda ser presidente y que además pueda imponer condiciones siendo ínfima minoría en el conjunto del sistema institucional".

Prensa 1153400973.

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Info para medios 》Apreciaciones sobre Educación en DNU y Proyecto de Ley Ómnibus - García Tuñón - Unidad Popular - Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) 》

Apreciaciones sobre Educación en DNU y Proyecto de Ley Ómnibus - García Tuñón

En el presente documento, Laura García Tuñón comparte algunas apreciaciones sobre Educación contenidas en el DNU y en el proyecto de ley Ómnibus que actualmente se encuentra en debate. Entre los aspectos más saliente, la autora destaca que tanto el decreto como el proyecto de ley priorizan lo privado y el libre mercado por sobre la esfera pública y recuerda que la Educación es un Derecho Social.
Además, explica que la verdadera intención de declarar a la Educación como un servicio esencial es limitar el derecho a huelga.
Detalla las graves implicancias de la eliminación de la Paritaria Nacional Docente y el intento de barrer con las referencias mínimas salariales, de contenidos y condiciones de trabajo, así como los riesgos sociales e intereses empresariales detrás de la propuesta de educación en casa o modalidad híbrida. Pone en evidencia la ausencia total de criterios en el uso de la herramienta evaluativa.
Alerta sobre el intento de arancelar las universidades públicas, entre otros aspectos preocupantes que deterioran el sistema educativo argentino.

Texto completo 👇🏽

Algunas apreciaciones sobre Educación contenidas en el DNU y el Proyecto de Ley Ómnibus

El DNU y el proyecto de ley priorizan lo privado y el libre mercado sobre lo público o estatal. La Educación es un Derecho Social

La verdadera intención de declarar a la Educación como un servicio esencial es limitar el derecho a huelga

La eliminación de la Paritaria Nacional Docente y el intento de barrer con las referencias mínimas salariales, de contenidos y condiciones de trabajo

Los riesgos sociales e intereses empresariales detrás de la educación en casa o híbrida y la ausencia total de criterios en el uso de la herramienta evaluativa

Arancelamientos de Universidades Públicas, entre otros aspectos preocupantes que deterioran nuestro sistema educativo

Autora: Laura García Tuñón, miembro del Equipo de Coordinación del ENDYEP

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Tanto el DNU como el proyecto de ley, se basan en priorizar y defender lo privado y el libre mercado sobre lo público o estatal. En lo que concierne a la educación, buscan desterrar a la educación como derecho social para que sea el mercado el que fije sus pautas.

La Educación es un Derecho Social, y como tal debe ser garantizada y sostenida por el Estado. La Educación Pública sigue siendo el ámbito para asegurar ese derecho para toda la población. El derecho a la educación implica garantizar el acceso, la permanencia, reinserción y egreso en el sistema educativo para todos los habitantes del país. Es en donde se ratifican los principios históricos de gratuidad, obligatoriedad y laicidad, que asume plenamente la función de ser formadora de ciudadanía plena.

La educación como Derecho social se contrapone a la visión neoliberal que la considera como mercancía y un gasto que encierra el concepto liberal de un derecho individual. En esto sustenta Milei sus reformas.

La afirmación del carácter social de los derechos viene a contraponer la idea de un Estado cuya obligación fundamental es garantizar efectivamente a todos los ciudadanos el acceso a esos derechos; un Estado con capacidad y con decisión para intervenir en la generación de condiciones que posibilite a todos y a cada uno la materialización de los derechos reconocidos.

Como primera acción en el tema educativo, el Gobierno de Milei, fue rebajarla de nivel. Dejó de ser Ministerio para ser Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Esto comienza a mostrar cuál es la importancia que el presidente y los grandes grupos económicos le dan al tema educativo, nombrando como secretario a cargo a Carlos Torrendell, un ultraconservador, defensor de la enseñanza privada, quien se manifestó contrario a la educación sexual integral y es referente del movimiento School Choice, que busca el equilibrio entre la libertad de enseñanza y la libertad de mercado.

El DNU declaró servicio esencial a la educación. El comité de Libertad Sindical de la OIT ya estableció que la educación no es un servicio esencial, interpretando que su suspensión no pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. Esto lo ponen porque el único interés es limitar el derecho a huelga. Tendríamos que aclararle a Milei y a todos y todas las que se llenan la boca con declarar a la educación como servicio esencial que no impediría la huelga docente. Sino que obligaría a que las escuelas permanezcan abiertas con un servicio mínimo. La pregunta es, ¿garantizar un servicio mínimo es garantizar un servicio educativo? Puede que los chicos y chicas estén dentro de la escuela, pero un porcentaje significativo de los y las docentes estarían haciendo paro, y esto por supuesto que no garantiza que se brinde la enseñanza y mucho menos que esto redunde enuna mejora significativa de los aprendizajes.Por el contrario, esto sólo podría tener el efecto de debilitar las condiciones laborales docentes, lo que repercutiría negativamente sobre la enseñanza. Regular la huelga docente para mantener la escuela abierta puede favorecer el rol de contención social (que no es poco), pero no mejorará su función formadora.

A su vez elimina la paritaria nacional, dejando librada a su suerte a la discusión salarial y de condiciones de trabajo en cada provincia, eliminando los supuestos educativos mínimos nacionales. En la paritaria nacional docente, se acuerdan los salarios mínimos que se toman como parámetro y piso en cada una de las provincias. Es el espacio legítimo para formular demandas del sector con respecto a la situación educativa y las condiciones de trabajo. Allí se acuerdan temas como ser las prioridades político-pedagógicas, la formación docente, la educación técnica y los diversos planes de inclusión, como piso y base para todo el país. Este es un derecho laboral que tiene en cuenta el derecho a la educación. Eliminarla es dejar que cada provincia, según sus recursos fije estos presupuestos.

El proyecto propone llamativamente la educación en casa o híbrida (educación presencial combinada con la virtual o sólo virtual) desde los 9 años. Esto contiene diversos peligros. Desde transferirles a las familias la responsabilidad de la educación y reducir el papel del Estado como garante de la educación para todos y todas a quitarle a la educación el eje de sociabilización tan importante en la niñez ylaadolescencia.Enlaescuela, seaprendea vincularse, ajugarconotros, a resolver conflictos y a trabajar colectivamente. Se aprende desde el diálogo, del compartir y disentir. Además de nutrirse de la diversidad y la negociación cultural y poder además tomar contacto con distintos conocimientos. Esto no puede darse a través de las tecnologías y las plataformas. Aunque estas herramientas son necesarias para auxiliar a la educación en la escuela. El contacto personal y las interacciones son imprescindibles en el aprendizaje. Los docentes no son simples facilitadores. Planeamos, guiamos, explicamos y ayudamos a comprender, orientar y evaluar los aprendizajes tanto personales como colectivos. Nuestro rol es hacer lo necesario para que esto ocurra, y una máquina y una plataforma no pueden reemplazarlo. Pero lo más grave de esto es que ante la falta de escuelas y vacantes, se obligue a las familias a que los niños y niñas se eduquen en casa por su cuenta y a través de plataformas enlatadas construidas por las grandes empresas, acrecentando la desigualdad como bien se vio durante la pandemia al aumentar los costos de las familias, no garantizados por el Estado.

Ponen además el foco en la evaluación. Inician con una contradicción, al pedir una evaluación al finalizar la escuela secundaria y a su vez una al inicio de la universidad. Al parecer, quienes escribieron los distintos artículos, no tienen una mirada del conjunto del sistema educativo. Y a su vez eliminan el resguardo y el anonimato de la información educativa derivada de las evaluaciones estandarizadas haciendo que con la difusión de los datos se podrá identificar a las instituciones educativas.

Todos sabemos que la educación de los chicos y adolescentes no es la que como pueblo necesitamos. Que no aprenden lo suficiente. Pero el tema es: ¿lo suficiente para qué? ¿Para responder evaluaciones estandarizadas o para formar personas críticas que puedan desempeñarse en la sociedad, que puedan analizar la realidad e intervenir en ella? Formar para el mundo del trabajo (no para el empleo como piensan el neoliberalismo), para la continuidad de estudios superiores y para la participación ciudadana es el rol que la escuela debería tener.

La evaluación es un instrumento dentro de la educación y jamás puede entenderse como una instancia individualalejada del contexto de desarrollode la clase,de la escuela, del grupo escolar y del territorio. Entonces, pretender que por una evaluación al finalizar la escuela secundaria, vamos a tener adolescentes bien formados, es por poco una visión infantil. Países como Colombia, que hace décadas que vienen tomando esas evaluaciones, sin embargo no garantizan una "mejor educación". Sí hacen una selección a través de las mismas para quienes pueden o no entrar a las universidades. Y casi el 100% son estudiantes de los sectores con mayor poder adquisitivo.

Cualquier evaluación en el sistema educativo sólo puede ser útil si aporta información inteligente y si se convierte en un instrumento apto para incorporarla al mejoramiento de la educación. Plantear una visión tecnocrática en donde la evaluación viene desde arriba y desde afuera y es un fin en sí mismo, no es lo que necesita la escuela de hoy.

El proyecto hace hincapié en la evaluación de los y las docentes cada 5 años para revalidar sus títulos, responsabilizando a los y las propias docentes de la crisis del sistema educativo. Nada dicen de cómo evaluar y comparar, por ejemplo, el desempeño y los logros de un maestro excelente que trabaja en un asentamiento del conurbano con el de un docente mediocre que desarrolla su tarea en una zona de opulencia del primer cordón del Gran Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba, ya que sólo buscan medir resultados en cuanto números de egresos sin contar el contexto.

Estas iniciativas son un calco de las propuestas del banco-mundialista, en donde se impone la búsqueda y cuantificación del "rendimiento" e introducen fuertemente el principio supremo de la lógica del mercado: la competitividad. Competitividad entre escuelas y entre docentes como fuerza movilizadora hacia el logro de la calidad educativa... ¡Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero!

Una evaluación para ser un instrumento eficaz para mejorar la educación, requiere de la participación de los propios docentes en su elaboración, de la comunidad y de los y las estudiantes. A su vez demanda rigurosidad académica, es decir, de instrumentos, estrategias, planificación y técnicas que tengan validez educativa, desvinculada en términos absolutos de los "premios y castigos". Y nada de esto aparece en estas propuestas.

Pero lo que sí aparece es un intento de manipulación de la información, basándose más en un insumo mediático al servicio de la propaganda o contrapropaganda oficial, al proponer la difusión de los resultados de las evaluaciones, habilitando así la clasificación de las instituciones educativas según sus resultados.

Por otro lado, se modifica la Ley nacional de cooperadoras escolares y se permite que como contrapartida de aportes o contribuciones de organizaciones y o empresas, a las instituciones educativas los aportantes puedan hacer publicidad o propaganda en cada una de ellas.

En el capítulo de las Universidades, (que llamativamente o confesión de parte, se llama Universidades Privadas y sólo refiere a las Estatales) proponen sólo la evaluación externa de las Universidades Públicas cada 10 años, eliminando la autoevaluación y el rol fundamental que desde hace 20 añostiene la Coneau. Plantea un financiamiento discrecional de las universidades y vulnera la autonomía y autarquía universitaria. A su vez incorpora el pago de aranceles para los extranjeros, eliminando el principio de gratuidad que rigió en las Universidades Públicas Argentinas desde 1949.

Estas medidas en educación, lo que intentan es entre otras cosas modelar un nuevo proyecto de poder social, cultural, educativo y pedagógico que busca construir nuevas representaciones para dar respuesta a un modelo que se vende con la idea de técnico y objetivo. Pero esconden el Intento de armar un modelo de gestión empresarial, introduciendo un modelo de escuela-empresa para formar por un lado a la élite en las escuelas privadas y a los trabajadores y trabajadoras, mano de obra poco formada en las escuelas públicas estatales. Estos planteamientos, aparecen centrados a formar al individuo exitoso, el estudiante que podrá ser exitoso si llega a ser un emprendedor, sin condiciones laborales y librado a su suerte individual.

Intentan imponer un enfoque de calidad de la educación basado en la medición de resultados, a través de pruebas estandarizadas, cuyos resultados (rankings de competencias) se presentan socialmente como único indicador válido de "calidad" de la educación, desconociendo que éstos son consecuencia de múltiples factores, entreellosla pobreza extrema, las diferentes violencias, las condiciones vulnerables en las que viven las comunidades y la falta oportunidades educativas. Se ha impuesto un lenguaje tecnocrático que ha desplazado la pedagogía como discurso y saber de las prácticas de maestras y maestros.

Desde las Educaciones Populares, los Movimientos Sociales que tomamos la educación en nuestras manos y la Educación de Gestión Social y Cooperativa, que a lo largo y ancho de todo el país, venimos sosteniendo experiencias educativas a través de los jardines comunitarios, los Bachilleratos Populares, las escuelas agroecológicas, las escuelas cooperativas y los espacios de formación y apoyo escolar en los territorios, sabemos que estamos en peligro, tanto por el recorte de financiamiento para sostenerlas como en el conseguir el reconocimiento dentro del sistema educativo. Nuestras experiencias, claramente son contrarias a los postulados políticos pedagógicos que sustentan el DNU y la Ley ómnibus que se está tratando en el Congreso.

Por todo esto es que las comunidades educativas, los y las trabajadoras de la educación y los educadores y educadoras populares, rechazamos todas estas propuestas y planteamos que es necesario pensar en una escuela y en una educación que esté al servicio de nuestro pueblo. Es por ello, que es necesario un espacio de construcción y de resistencia a las políticas neoliberales y la organizarse para poder emprender acciones de transformación y de acción crítica que impliquen a las comunidades educativas de todo el país, que nos permita involucrar a muchos sectores sociales, porque la educación es un asunto de todos, todas, todes.

Prensa: 1153400973.
Unidad Popular - Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) 

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jueves, 1 de febrero de 2024

Info para medios 》Claudio Lozano analizó “el sistema institucional frente al DNU, la Ley Ómnibus y el Caputazo” 》

CLAUDIO LOZANO ANALIZÓ "EL SISTEMA INSTITUCIONAL FRENTE AL DNU, LA LEY ÓMNIBUS Y EL CAPUTAZO"

El presidente a nivel nacional del partido político Unidad Popular (UP), Claudio Lozano, expresó hoy mediante un comunicado que "el presidente Javier Milei ha dado muestras sobradas, desde su asunción, de pretender lograr la suma del poder público para impulsar una verdadera reforma constitucional que reconfigure el orden político, económico y social de la Argentina", en un texto que difundió mediante sus redes sociales.

En el mismo sentido, se refirió a la "reforma que impulsa eludiendo todos los pasos institucionales que se requerirían para semejante objetivo. Reforma que además supone una absoluta regresión en materia de derechos respecto al orden constitucional vigente desde 1994 y que pasa por encima de todos los pactos internacionales suscriptos por la Argentina y que se incorporaron en el texto constitucional". 

"Estamos en presencia, por lo tanto, de un presidente que con el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus camina abiertamente por la senda de la inconstitucionalidad cometiendo, además, el delito de traición a la Patria. A la vez, el proceso parlamentario de la Ley Ómnibus es poco menos que bochornoso. Ni los propios legisladores tienen a disposición el texto definitivo que debería discutirse. Claramente se llegó a la sesión sin el dictamen correspondiente ya que lo que en su momento aprobó el plenario de Comisiones nada tiene que ver con lo que hoy se está discutiendo. El procedimiento que debió seguirse es volver a las comisiones para dictaminar y cumplir con el plazo de observaciones para luego ir al recinto. Sin embargo nada de eso ocurrió por lo cual la sesión para funcionar sin dictamen y sin plazo debió haber sido abierta sobre tablas, es decir, con un número mayor de respaldos favorables que con los que contó".

Ante ese panorama que describió Lozano, puntualizó que "las preguntas que caben entonces son ¿cómo puede ser que en este marco se siga discutiendo la posibilidad de delegarle facultades a un Poder Ejecutivo que funciona de este modo? ¿cómo puede ser que se siga debatiendo una ley inconstitucional que además tuvo un trámite absolutamente irregular? ¿cómo puede haber diputados que se presten a esto? ¿cómo puede ser que aún las Cámaras no hayan rechazado el DNU? ¿cómo puede ser que se insista en validar una ley sin que quede claro que el DNU ya no corre más? ¿cómo puede ser que el Poder Judicial y la Corte Suprema no hayan intervenido respecto a la inconstitucionalidad flagrante del DNU más allá de alguna definición de carácter sectorial?".

"La explicación es una sola: la vigencia de una matriz conservadora y reaccionaria que domina el conjunto del sistema institucional. El carácter genuflexo y de clara subordinación a los poderes fácticos de parte sustantiva de la dirigencia política. Cuestión esta que se observa también en el resultado de las negociaciones que dieron lugar a los 300 artículos que quedaron de la ley original".

En esa línea, el presidente de UP continuó al señalar que "la eliminación del capítulo fiscal con la consiguiente eliminación de impuestos y retenciones que gravaban la renta exportadora no hace más que profundizar los rasgos de absoluta injusticia de la estrategia económica en curso. Gobernadores y fuerzas políticas pusieron el grito en el cielo para defender la renta exportadora que alimenta a las oligarquías provinciales y a los capitales más concentrados, sin importar que el costo recaiga sobre la mayor parte de la población. El mantenimiento del objetivo del déficit cero frente a la poda de recursos que se realizó profundizará el recorte del gasto público sobre funciones esenciales del Estado Nacional y profundizará los recortes de subsidios y la reducción de las transferencias a las provincias, sobre todo en aquellas que no se allanaron a los objetivos bestiales de la gestión libertaria". 

"A la vez - continuó Lozano- la poda de recursos fiscales agrava las inconsistencias del programa Mileista. Es sabido que es imposible alcanzar el déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica. La menor actividad reduce la recaudación y obliga, una y otra vez, a seguir reduciendo el gasto". 

Y finalizó al analizar que "la matriz conservadora y reaccionaria del conjunto del sistema institucional ha construido un lamentable escenario de degradación social e institucional a partir del comportamiento Legislativo y Judicial y de la reacción de parte importante de los gobernadores frente al DNU, la ley Ómnibus y el Caputazo. Escenario que explica también las razones de la existencia de un Gobierno de Milei. Son las limitaciones del sistema político y el debilitamiento institucional lo que explica que un fanático con ideas precámbricas pueda ser presidente y que además pueda imponer condiciones siendo ínfima minoría en el conjunto del sistema institucional".
 
Prensa: 1153400973.

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