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ALERTA DE LA APDH POR MEDIDAS DEL TRIBUNAL QUE INVESTIGA CAUSAS DE LESA HUMANIDAD EN SANTA FE

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestionó las medidas tomadas el día 27 de mayo pasado por parte del Tribunal Oral N° 1 de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauria y la jueza María Ivon Vella, en la acordada 11/2021 del juicio "Chartier", donde se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Las medidas cuestionadas son haber decidido "dejar sin efecto las inspecciones oculares de los Centros Clandestinos de Detención ex 'D2' y 'Guardia de infantería reforzada'; instar a las partes a reducir testigos, con la advertencia que de no hacerlo lo hará el tribunal de oficio; la reducción de asistencia en la sala de juicio, con la excepción de jueces y de las víctimas-testigos (asistiendo sin sus abogados/as)".

Por ello, desde la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en su regional Rosario, expresaron que "si bien entendemos y compartimos la gravedad de la situación sanitaria, eso nunca puede ir en desmedro de los procesos de memoria, verdad y juaticia", porque "hace más de cuatro décadas que las víctimas están esperando este momento tan importante de reparación histórica,  y por lo tanto, hemos solicitado al tribunal que solo se reduzca a tres testigos los desistimientos (siendo testigos de concepto) manteniendo a los testigos directos, familiares y dos testigos de conceptos que darán el contexto del terrorismo de Estado de la región Santa Fe".

"Asimismo, hemos solicitado se mantenga la inspección judicial en el ex Centro Clandestino de Detención tortura y exterminio 'D2', entendiendo que puede ser llevada adelante la medida sin violentar la normativa sanitaria, ya que ese inmueble actualmente es una repartición pública y puede realizarse en horarios no laborales de dicha dependencia", agregaron.

"Distinta es la situación de la ex 'Guardia de infantería reforzada' (GIR), donde actualmente existen personas privadas de su libertad, y resultaría dificultoso realizar esa medida judicial con la actual situación sanitaria", prosiguieron. 

Y en relación a la situación de las audiencias, precisaron que "al informarles la resolución del tribunal a los y las sobrevivientes, de que deberían asistir en soledad con la 'presencia' en modo virtual de sus abogades, esto trajo muchas sensaciones negativas y de angustia. Ya que  durante el Terrorismo de Estado, fue en ese mismo tribunal donde fueron condenados por la Ley 20.840 y confinados a distintas cárceles del país". 

"Es importante destacar que el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento a testigos y querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado ha acompañado una nota al tribunal adhiriendo al pedido de esta querella, donde describen que las victimas de Terrorismo de Estado asistiendo a una audiencia sin sus abogados/as reviven no solo la sensación de extrema soledad en que atravesaron estas escenas traumáticas sino a su vez la ausencia de la representación legal: es sabido que no tuvieron en su momento acceso a ser representados por abogado alguno, y el Estado en su conjunto, pero particularmente el Poder Judicial, operó como parte del aparato criminal", explicaron.

Y al respecto, detallaron que por eso solicitaron al tribunal "que haga una excepción para que las/os abogados estén presentes en el momento en que presten testimonio las tres victimas que restan declarar. Los y las sobrevivientes realizan este esfuerzo por adaptarse a las nuevas circunstancias sanitarias, manteniendo en alto las banderas de memoria, verdad y justicia".

Y finalizaron al expresar que "estamos convencidos de que el tribunal hará lugar a lo solicitado por esta Querella, de lo contrario podría configurar un hecho de gravedad institucional. Estos juicios son el ejercicio de la memoria, la búsqueda de la verdad y la justicia sobre hechos mundialmente entendidos como delitos de lesa humanidad, son educativos y formadores de conciencia de nuestras instituciones. Erradicar la impunidad es un imperativo del Estado Argentino. Reparar a las víctimas del terrorismo de Estado es una obligación. ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!".

Más información:

- Norma Ríos (APDH Rosario) +54 9 341 654-4058.

- Verónica Gauseño (APDH Rosario) +54 9 342 610-3272.

- Federico Pagliero - Abogado +54 9 3400 66-9874.

- Gabriela Durruti - Abogada +54 9 341 559-4863.

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